Deuda hospitalaria en Chile supera los 450 millones de dólares y amenaza la continuidad de la atención en salud pública.
15 de Octubre del 2025
La situación financiera del sistema público de salud en Chile atraviesa un momento crítico. La deuda acumulada con los proveedores de dispositivos médicos, insumos y servicios hospitalarios ha superado los 450 millones de dólares, según gremios del sector, transformándose en un riesgo real para la atención de los pacientes. Lo que hace algunos años era un problema de gestión presupuestaria hoy se ha convertido en una amenaza sanitaria de alcance nacional.
Asociaciones como la de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) y la de Dispositivos Médicos (Adimech) advirtieron ante la Comisión de Salud del Senado que la deuda hospitalaria creció en más de un 150% durante los últimos meses, afectando gravemente la cadena de suministro de insumos esenciales. Muchos hospitales han recibido productos sin respaldo de órdenes de compra, acumulando facturas impagas y dejando a los proveedores en una situación límite.
Empresas del rubro afirman que el retraso en los pagos ha llevado a una crisis de liquidez que amenaza la continuidad de la atención médica en hospitales y consultorios. La frase “sin dispositivos médicos no hay atención, y sin atención no hay salud” se ha convertido en el lema con el que el sector privado intenta visibilizar el impacto del problema. La imposibilidad de seguir entregando insumos sin pago pone en riesgo desde procedimientos quirúrgicos hasta tratamientos básicos en la red pública.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, reconoció ante el Senado que existe una estrechez presupuestaria significativa, aunque aseguró que un 60% de las facturas estaría dentro de los plazos legales. Sin embargo, los gremios insisten en que los mecanismos de control y pago no se están cumpliendo y que la Ley de Pago a 30 Días se encuentra, en la práctica, vulnerada.
Los senadores presentes en la sesión, entre ellos Francisco Chahuán y Gustavo Sanhueza, exigieron medidas urgentes, advirtiendo que el deterioro financiero del sistema no solo compromete la estabilidad de los proveedores, sino también el acceso de los pacientes a una atención oportuna y de calidad. La Contraloría General de la República ha emitido informes que confirman las irregularidades, pero hasta ahora no se han implementado correcciones estructurales.
Los expertos coinciden en que la raíz del problema es estructural. El modelo de financiamiento actual no logra cubrir los costos reales de operación, y la falta de planificación a largo plazo en los servicios de salud ha permitido que las deudas se acumulen año tras año. La Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), encargada de gestionar las compras públicas del sector, no ha podido contener el desorden administrativo ni garantizar la eficiencia de los pagos.
Si esta tendencia continúa, los gremios advierten un escenario de quiebras entre empresas proveedoras y una paralización parcial de los hospitales públicos. La sostenibilidad del sistema depende ahora de un plan urgente de saneamiento financiero, que permita regularizar pagos atrasados y establecer un mecanismo permanente de control. De lo contrario, el país se enfrenta a un riesgo sanitario sin precedentes.
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